Obra de Roberto Fabelo
Casi 20 millones de habitantes en nuestro país (62.4 %) poseen alguna cobertura de seguro de salud en Obras Sociales o Prepagas, mientras y 13.7 millones (37.6 %) subsisten en la pobreza y la indigencia (y sólo tienen posibilidad de cobertura gratuita en hospitales públicos y centros de salud comunitarios). Anatomía de una triste realidad & búsqueda de respuestas terapéuticas.
Por: Lic. Juan Carlos Rivera Quintana
Para la Revista “Ahora, la Salud”.
Con un método inusual, propio del marketing político, calificado por la oposición como “un golpe bajo y hasta despreciativo para los vecinos”, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, inauguró, recientemente, el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, con la utilización de un video que mostraba distintos aspectos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en total estado de devastación y abandono.
Durante unos cuatro minutos, los legisladores porteños pudieron ver un clip de alto impacto visual, con música disonante y un ritmo frenético, dividido en secciones como: "espacio público", "educación", "seguridad” y "salud", en el cual se veían calles rotas, escuelas derruidas, cartoneros circulando, delincuentes a los tiros en el barrio del Bajo Flores, piqueteros cortando calles, pero lo que más conmoción causó, a juicio de los presentes, fue el total estado de abandono de muchos hospitales públicos en la ciudad y los cuerpos de guardias atestados de enfermos, donde se enseñoreaba la desidia, la insalubridad, el deterioro y la falta de recursos sanitarios.
Una vez terminado el video, Macri dio inicio a su disertación sobre el estado de la Ciudad y prometió triplicar la inversión pública, en comedores, escuelas y sobre todo en hospitales capitalinos. “Esto no se arregla en pocos días, pero lo importante es que estamos en la dirección correcta”, dijo el jefe comunal porteño.
Aunque los medios de difusión, sobre todo los televisivos, se dieron a la tarea, posteriormente, de comentar y criticar, hasta el hartazgo, el controvertido material fílmico, lo cierto es que dicho documento pudiera ser un diagnóstico del estado de situación no sólo de la Ciudad, sino también un cuadro representativo - sobre todo en el área de salud - de lo que acontece, actualmente, en muchas provincias de nuestro país. Hay que considerar que, en la Ciudad, actualmente, hay un 26 por ciento de la población, que carece de Obra Social o Prepaga médica y dependen únicamente de los problemáticos hospitales públicos o centros de salud comunitarios para resolver sus problemas de salud, sin contar las poblaciones de residentes extranjeros de países vecinos que también vienen a atenderse en nuestros centros públicos por falta de asistencia e infraestructura en los suyos.
¿Salud: derecho social conquistado?
Y aunque, sin mediatintas, la equidad es un concepto ausente de la historia del sistema de salud en nuestro país, siempre el andamiaje de la red sanitaria y asistencial ha tenido como principios y soportes organizadores - al menos en sus estatutos fundacionales y en sus pretensiones humanistas - los términos universalidad, accesibilidad y solidaridad; todos ellos vinculados de alguna u otra forma a “la igualdad de oportunidades para satisfacer un conjunto de necesidades básicas o aspiraciones socialmente definidas” en la política Argentina y en la letra de nuestra Constitución como derechos básicos (salud, educación, vivienda y alimentación) . Pero, en la práctica, en materia de salud ¿qué sucede?
Lo cierto es que en nuestro país, después de más de una década nefasta en que la que caímos estrepitosamente en todos los niveles sociales, que tuvo su clímax en los suceso de diciembre de 2001, con la salida por una poblada popular de un presidente constitucional y democrático, nos hemos transformado, en la actualidad, y tras cierta recuperación económica de los últimos cinco años, en una sociedad dual, con un modelo social de acumulación, donde 19.2 millones de habitantes ( 62.4 por ciento) vive con estándares de los países desarrollados (posee alguna cobertura de seguro de salud en Obras Sociales o Prepagas) y hay 13.7 millones de personas (37.6 por ciento) que subsisten en la pobreza y la indigencia (y sólo tienen posibilidad de cobertura gratuita en hospitales públicos y centros de salud comunitarios). Este proceso no parece estar revirtiéndose, en la medida en que los nuevos puestos laborales creados son de escasa calidad y remuneración y no eximen a los que los ocupan, teniendo en cuenta el costo de la canasta básica y la inflación cotidiana, de un sitio por debajo de la línea de pobreza. Vivimos - como afirman analistas políticos - en una democracia sin política, sin inclusión, sin mecanismos de promoción de la igualdad y la cohesión social, sin autoridad pública ni aparato estatal, aunque los discursos digan lo contrario.
Partamos de apuntar, para tener una visión cabal del escenario existente, a nivel sanitario argentino, que el sistema está compuesto, básicamente, por tres subsistemas: el modelo estatal o público, el de Obras Sociales o mutuales (de origen gremial) y el privado (Prepagas). Todo ello perfila una heterogeneidad reinante, sobre todo en el interior del país, donde la fragmentación y descentralización de las instituciones que lo componen constituye su rasgo distintivo. A su vez, la falta de articulación y coordinación (responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación) traba la conformación de un sistema formal de salud y conspira contra el uso eficaz de los recursos y el logro de niveles plausibles de equidad en la asistencia médica.
Agreguemos un frío dato estadístico, que encierra ineluctablemente dramáticas situaciones personales: en la provincia de Buenos Aires, el área más densamente poblada de nuestro país (13 millones de habitantes), existen 7.5 millones de personas que no tienen obra social (49 por ciento de los bonaerenses) y deben acudir al desbordado sistema de salud pública, el cual no logra hacerle frente a la superpoblación de pacientes. Mientras, en todo el país, aproximadamente, 19,2 millones de ciudadanos carecen de cobertura, mientras las Obras Sociales (sindicales o mutuales) brindan servicio a 16 millones, contra 3,2 millones de las Prepagas (que cada día incrementan más sus costos prestacionales y sus coseguros), según un reciente relevamiento, realizado por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), en base a estadísticas de la Superintendencia de Servicios de Salud y del controvertido Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina (INDEC). Como circunstancia que incide más negativamente, buena parte de los que no tienen cobertura médica pertenecen a los grupos más vulnerables: el 10 por ciento son mayores de 65 años, mientras que otro 28 por ciento tiene menos de 15 años.
Si hacemos un balance de los problemas sanitarios del país, las zonas con mayores dificultades están ubicadas en las provincias de Formosa y Chaco, donde el 66 por ciento de la población carece de cobertura y debe atenderse con una infraestructura hospitalaria muy deficiente y pobre. En este listado, también, se ubican negativamente Santiago del Estero, con el 64 por ciento de habitantes sin cobertura; Chubut, con 62; Salta, que expone un 60 por ciento y Jujuy con 54,2, según fuentes del INDEC.
A pesar de ello, un somero vistazo al Presupuesto de 2008, en Argentina, revela que la estructura general del gasto se mantiene muy parecida a la del año anterior. Empero, un primer aspecto que llama la atención son las prioridades del gobierno, en las cuales los fondos destinados al área social (61.1 por ciento del gasto total) aumentan ahora un 9 por ciento en términos reales debido a la inflación social que se está sufriendo. En esas estadísticas, los incrementos en Salud (17.8 por ciento, en comparación con el presupuesto de 2007) pueden parecer importantes por los millones de pesos que significan, pero como afirman muchos opositores, “dichos aumentos deben relativizarse dado a que la magnitud del gasto total ejecutado por la Nación es pequeña debido a la descentralización de dichas funciones en las provincias”.
Importante sería resaltar, además, que en Argentina, en el año 2004, existían 32,1 médicos por cada 10 mil habitantes, mientras que los enfermeros eran 3,8 (incluye los profesionales y los licenciados) contra 9,3 odontólogos, lo que confirma un fuerte desequilibrio y la falta de recursos humanos, amén de que estas fuerza capacitada está marcadamente concentrada en los grandes centros urbanos, en detrimento de la atención, la capacidad de respuesta y la calidad sanitarias de las siempre olvidadas zonas rurales, “la Argentina profunda”, como le gusta decir a nuestros políticos.
No por gusto, a su llegada como flamante ministra de la cartera de salud de la Nación, Graciela Ocaña expresó, al hacer un diagnóstico de la situación nacional y hablar de las medidas más urgentes a tomar para solucionar los agujeros negros de esta área en el país, que convertirá en una obsesión de su gestión el “atender fundamentalmente la salud y no la enfermedad y trabajar en las inequidades que tiene el sistema en la accesibilidad (…). Tiene que haber inversión, tiene que haber incentivos para que el profesional vaya y se instale en las zonas más alejadas, pero por supuesto esto no lo puede solucionar ni la provincia, ni una obra social por ejemplo el PAMI, porque en realidad el sistema argentino posee múltiples financiadores, son los que ponen el dinero para la prestación. Entonces si trabajamos en conjunto y actuamos como un solo financiador, como actúa la mayor parte de los países que tiene un solo financiador o dos y no como la Argentina, si podemos ir a trabajar en conjunto podemos lograr este objetivo, darle los incentivos entre todos necesarios para que esos médicos se asienten, esos profesionales se asienten en zonas que lo requieren e invertir en tecnología para obtener un rápido tratamiento y un buen sistema de redes de derivación, porque la verdad que no todo tiene que estar en todos los lugares”.
Una pócima salvadora.
El subsector sanitario estatal o público, cuyos recursos provienen del sistema impositivo, provee servicios de salud personales, de tipo preventivo y curativo, gratuitamente, a toda la población, a través de una red de hospitales públicos y centros de salud (según datos del año 2000, en el país existían más de 1.200 establecimientos públicos con internación, la mayoría hospitales, gran parte son provinciales y sólo una mínima proporción depende del nivel nacional y 5.740 centros sin internación, sobre todo Centros de Salud y Acción Comunitaria). A estos establecimientos, que cuentan con 84.094 camas disponibles (un 54 por ciento del total de las 133.847 camas hospitalarias de todo el territorio), acuden los ciudadanos de más bajos ingresos. Dicho subsistema es el mejor posicionado en cuanto a capacidad instalada, teniendo en cuenta el indicador de cantidad de camas disponibles (Ver recuadro). También en cuanto a atención pública de salud, de acuerdo con los datos de la Dirección Nacional de Programación del Gasto Social, se observa que si en 1980 se gastaba, a nivel nacional, 3.111 millones de pesos; en 1990, 2.897 millones y ya en el año 1997 se utilizaban 5.263 millones de pesos. Las restricciones de acceso a dichos centros públicos se deben únicamente a la inexistencia de infraestructura o de recursos humanos disponibles para satisfacer la demanda de atención.
Dicho subsistema tiende a racionar mediante listas de espera (turnos a las cinco de la mañana, cirugías con seis meses de espera, etc.), “demostrando la ineficiencia institucional de las burocracias públicas – como ha planteado el contador público, Carlos Vasallo, economista argentino de la salud – que aplican rígidamente normas administrativas; posee falta de incentivos a la eficiencia; usa inadecuadamente los recursos y deja ver una ausencia de gestión del personal, entre otros males. La mayoría de los hospitales en la Argentina tiene estos problemas, en lo que podría ser un diagnóstico generalizado, que sin embargo no tiene respuestas terapéuticas en la actualidad”.
Una reciente investigación, realizada en el Hospital Provincial Centenario, de Rosario y su zona de influencia, en la provincia de Santa Fe, pone al descubierto una verdad casi axiomática relacionada con el aumento de los casos de cánceres prevenibles, en tanto sus autoridades se muestran alarmadas por el incremento de pacientes que llegan con estados avanzados de tumoraciones malignas, cuando poco se puede hacer. Sobre el asunto, la oncóloga María Alejandra Bártoli, jefa del servicio en dicha institución, apuntó a algunos medios que “en nuestra población hospitalaria reproducimos, lamentablemente, lo que corroboran las estadísticas nacionales, que hay más muertes por cáncer que podrían haberse detectado tempranamente. Esto está directamente relacionado con la falta de recursos socioeconómicos”.
Ciertamente, estudios últimos, realizados en base a datos nacionales, de la Dirección de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud, revelaron que en el país (24 jurisdicciones) está ascendiendo las cifras de cáncer en las regiones más pobres. Hay que considerar que tan sólo en el período 1997/2001 esa patología acabó con la vida de 266.546 personas en Argentina (el 18,8 por ciento de las muertes totales), lo cual convierte al cáncer en la segunda causa de muerte en la nación, detrás únicamente de las enfermedades del sistema circulatorio (33,4 por ciento). Así también los expertos se muestran preocupados por la cantidad de mujeres jóvenes, menores de 45 años, que desarrollan cáncer de cuello uterino, una de las patologías oncológicas más fáciles de prevenir. “Estamos espantados porque llegan al servicio mujeres con tumores avanzados que podrían haberse detectado con sólo hacerse un Papanicolau", remarca la Dra. Bártoli.
Las causas del porqué sucede esto habría que buscarlas en fallas en la educación y prevención de la salud; la ausencia de campañas públicas y políticas sanitarias en los territorios y hasta la carencia de recursos de muchas ciudadanas para llegar al efector salud. Lo cierto es que el cáncer sigue golpeando de acuerdo con los niveles de pobreza existentes en cada región del país. Ello explica el porque el noroeste y el noreste argentinos se llevan la peor tajada con un ascenso del 10 por ciento de mortalidad por cánceres que pueden ser detectados precozmente, como el de mama, útero y colorrectal, mientras en regiones más ricas (léase la ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, Río Negro, Chubut y Neuquen) los índices de esas patologías han decrecido.
Al hablar de Santa Fe, por ejemplo, debemos apuntar que sus estadísticas se sitúan dentro de la media nacional, con una disminución de 2.5 puntos porcentuales en muertes por tumores en varones (pulmón, próstata, colorrectal, estómago y páncreas) y una baja en tumores malignos entres las mujeres del 0.2 punto en la mortalidad por neoplasias de pulmón, mama, útero y páncreas. Todo ello certifica la tesis, esgrimida por muchos especialistas, que trabajan en el ámbito sanitario privado y el público, de que en nuestro país conviven dos naciones completamente diferentes: una pobre y otra rica corroborando que dichas enfermedades están directamente asociadas a la pobreza, el alcohol y el tabaquismo.
Salud & enfermedad en la Argentina profunda
Las fuentes vitales de ingresos del subsistema de Obras Sociales de prestación de servicios de salud están basadas en los aportes obligatorios del conjunto de individuos que son sus beneficiarios, en su gran mayoría trabajadores asalariados y la contribución de las empresas donde éstos trabajan. Este subsector es de acceso restringido y son sus beneficiarios los que contribuyen, aunque ello no significa que atienda a sectores minoritarios, en la Argentina. Él está conformado por instituciones que cubren las contingencias de salud y proveen infraestructura de turismo y asistencia social a los trabajadores en relación de dependencia y a sus familiares directos (sobre todo a partir de las Obras Sociales sindicales) y los jubilados del régimen nacional de previsión social, a través del Programa de Asistencia Médico Integral (PAMI).
Para el contador Mario Koltan, presidente de la Confederación de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) - que está conformada por las obras sociales provinciales de todas las 24 jurisdicciones del territorio nacional, incorporada, desde hace tres años, la Obra Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (Ob.SBA) y tiene una estructura central formada por una Junta Ejecutiva, que representa a las cinco regiones en que está dividida administrativamente la República con un sentido de participación Federal - esta entidad desarrolla el trabajo, fundamentalmente, técnico de cooperación entre las Obras Sociales provinciales, en tanto “lo regional expresa realmente la idiosincrasia de nuestro país, sus costumbres, tradiciones y normas de vida. Al mismo tiempo son las Obras Sociales que tienen la característica de que sus conducciones son las que más vinculación tienen con los afiliados; el hecho de estar ubicadas en el territorio, hace que su dirección política esté muy ligada con la realidad cotidiana de los afiliados”, acota el directivo.
El promedio de incidencia de la población con cobertura en la seguridad social es importante: 1 de cada 4 argentinos en sus provincias tienen que ver con las Obras Sociales provinciales. Por lo tanto, el peso que tiene al momento de definir políticas y programas, en materia sanitaria, no puede y no debe soslayarse, porque además el hecho de estar enclavadas en las propias regiones le da un conocimiento y un seguimiento cotidiano de la realidad de los comprovincianos.
Según nuestro interlocutor, “la COSSPRA expresa estas particularidades provinciales, con un sentido nacional, nace como una forma de representar a las Obras Sociales provinciales y poder gestar al mismo tiempo que articular las voluntades de esas obras, generar estructuras de servicios para las disímiles obras sociales adheridas”.
En ese sentido, la COSSPRA, además de los organismos de conducción, posee un Comité Técnico, conformado por profesionales, sobre todo, vinculados al área salud, pero no exclusivamente, que tiene como tarea la recopilación de toda la información estadística, del conocimiento de los programas de atención, tanto en la salud como en la enfermedad en cada una de las provincias y de generar políticas sanitarias comunes con carácter regional para las distintas Obras Sociales provinciales. No es lo mismo atender la salud de los afiliados de la Patagonia, que la de los ciudadanos del NOA o del NEA, que la de los grandes centros urbanos desarrollados pues se dan características y patologías diversas.
Al abordar con el contador Koltan sobre los dilemas cruciales que enfrenta la salud en nuestro país se refirió a la necesidad de avanzar en la idea de ir resolviendo los problemas de la atomización del sector. “Para nosotros es un tema central – explicó el funcionario - que tiene que ver con la debilidad del sector financiador, el hecho de que existan cinco grandes financiadores, de los cuales tres concentran casi el 85 por ciento de los afiliados: la Superintendencia de Servicios de Salud, la COSSPRA y el PAMI, con casi 25 millones de argentinos bajo su responsabilidad (prácticamente el 50 por ciento de la población del país) y el otro 50 esté bajo la órbita y la responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales, de lo que es concretamente el Consejo Federal de Salud (COFESA), crea sus inconvenientes y disgrega esfuerzos”.
También el entrevistado apuntó su preocupación sobre lo que denominó “crisis latente vinculada a aspectos como el Programa Médico Obligatorio (PMO), a la sustentabilidad del mismo a través de los soportes financieros, si es factible o no sostener ese PMO, debatir en definitiva una nueva modalidad de atención de la salud y la enfermedad con características distintas de acuerdo con la edad; no son semejantes las políticas para la niñez que para la vejez en estas materias, hay que buscar estrategias comunes para los distintos subsectores de la seguridad social”.
Además abordó la necesidad de participación de las Obras Sociales provinciales en el debate para definir una nueva Ley Federal de Salud y el rol del PMO, con la inclusión de coberturas para nuevas enfermedades como la bulimia, la anorexia, la obesidad, (considerada, al fin, como patología) y dijo que “le hemos planteado a la ministra de Salud de la Nación formar parte de la mesa que discuta, proponga y elabore una Ley Federal de Salud, justamente por representar el 25 por ciento de la seguridad social en la Argentina. La Ley Federal, más allá de contemplar diversos aspectos que tienen que ver con patologías que se van presentando en la sociedad debido a las condiciones de vida, las nuevas enfermedades que se incorporan, los descubrimientos de la ciencia y la técnica, debe diseñar conceptos y políticas generales que garanticen la salud de los argentinos, pero no desde el punto de vista declamativo. Yo puedo hacer una norma para resolver patologías como la obesidad, la anorexia o la propia Ley de Discapacidad, pero si no defino claramente cómo la voy a abordar, con quiénes las voy a instrumentar, qué voy a incluir desde el punto de vista de los tratamientos y los medicamentos a proveer y no culmino con un presupuesto que haga sustentable al programa, nada se habrá resuelto y se corre el riesgo de expresar sólo una voluntad política sin solucionar la situación en la práctica.
“Creemos que la Ley Federal tiene que poseer estos condimentos que garanticen lo que la voluntad política expresa; el tema de la solidaridad, la equidad, la calidad en la atención de salud deben ser capítulos que la normativa defina claramente y los efectores deben responder a esta legislación. En tanto, los financiadores tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad desde el punto de vista de la cobertura que la ley establezca y poder decir con ese instrumento hasta dónde los argentinos estamos en condiciones de atender en salud para que no quede como discurso meramente político.
“Hoy los financiadores, con la recuperación nacional, han visto recuperar su capacidad de pago y todas las Obras Sociales cuentan con más recursos: las municipales, las provinciales, las universitarias, las de seguridad. Hay más dinero destinado a las políticas provinciales de salud, mayor inversión en el intento de recuperar al hospital público, mayor inversión en la accesibilidad de los tratamientos y para ciertos medicamentos, que antes eran privilegios de pocos.
Esta recuperación, que va de la mano de un concepto distinto de país y de un modo de concebir la construcción de la Argentina, de una manera diferente a la de la década de los 90, permite avizorar mejores condiciones para resolver la crisis y poder avanzar”, concluyó confiadamente Koltan.
Un sistema agobiado
Bajo la denominación global de empresas de Medicina Prepaga se agrupan un amplio y heterogéneo conjunto de instituciones sanitarias, cuya oferta presenta una variopinta dispersión de precios y prestaciones. Este subsector sanitario privado se financia a través del aporte voluntario de sus usuarios, que por lo general tienen medianos y altos ingresos y en muchos casos también gozan de cobertura de seguridad social (conocida como “doble afiliación”).
Actualmente, el prisma institucional de ese sector privado abarca, en primer lugar, los sanatorios o clínicas, que constituyen propiedad individual o grupal de profesionales que ejercen en ellas su práctica médica. También se ubican los llamados hospitales de colectividades, que conservan aún una clientela constituida por el grupo nacional o étnico que le da origen (francés, italiano, alemán, etc.) y ha desarrollado, además, sistemas de coberturas, basados en el prepago, a lo que se agrega su rol como efector de servicios para diferentes obras sociales. Muchas de estas clínicas, sobre todo en los grandes centros urbanos argentinos, se han desarrollado vertiginosamente convirtiéndose en centros de alta complejidad, de respetado diagnóstico y con una moderna tecnología y equipamiento.
Según datos consultados por nuestra publicación, en el Centro de Estudios para el Desarrollo Institucional y algunas ONGs, la cobertura de Prepagas o mutuales alcanza un 7.9 por ciento de la población, mientras la doble afiliación cubre a un 4,2 por ciento de los habitantes del país, en la actualidad (operan aproximadamente 196 empresas de Medicina Prepaga, entre las cuales el 58 por ciento tiene asiento en Capital Federal; 19 por ciento en el resto del Gran Buenos Aires y 23 por ciento en el interior). Para brindar dicha cobertura, en los años sesenta, sus establecimientos representaban un tercio del total nacional, mientras a mediados de los 90 superaban el 50 por ciento.
Al abordar los dilemas de este subsistema, muchos expertos indican que “sus instituciones son muy heterogéneas, con gran número de entidades, costos de operación extremadamente altos y escasa transparencia en las áreas de competencia y protección al consumidor” y hasta hablan de la incidencia negativa de muchos capitales externos que ingresaron al campo de los servicios privados convirtiendo esta medicina en un negocio lucrativo, por sobre todo.
Swiss Medical Group (SMG) es una de las empresas de medicina privada que atiende la salud de casi 700.000 afiliados y está entre las más respetadas en el sector por el servicio que presta a sus asociados, en adecuados términos de calidad diagnóstica y terapéutica, por la permanente inversión en pos del desarrollo de la infraestructura de servicios de salud, tanto del recurso físico, edificios y tecnologías, como de su capital humano (más de 20 mil profesionales de todas las especialidades y alrededor de 3.000 prestadores de diagnóstico y tratamiento, junto a las mejores clínicas del país, como la Clínica y Maternidad Suizo Argentina; el Sanatorio Agote; Swiss Medical Center; Centro Médico San Luís y 5 Clínicas Odontológicas, garantizan la calidad asistencial).
Con el Dr. Alfredo Maximiliano Stern, director médico de SMG, dialogamos, (vía
e-mail), sobre el sistema de salud argentino. Para dicho sanitarista es bueno definir que “no existe como tal ya que no podemos afirmar que en nuestro país tengamos una planificación, desarrollo, financiamiento o gestión que responda a algún plan previamente trazado. Probablemente en ese sentido en la Argentina nos parecemos más de lo que creemos a los Estados Unidos, donde también es difícil entender el conjunto de actores de la salud como integrantes de un sistema único y ordenado”. Además, plantea que “nuestro problema central reside precisamente en la diferencia fundamental entre ambos ‘no sistemas’ y que es precisamente con cuánto dinero cuenta y cuáles son las posibilidades de financiamiento que existen para cada uno de ellos”.
Nuestro interlocutor explica que actualmente, en Argentina se ha sincerado la economía y “desde entonces descubrimos que con las modestas posibilidades que brinda nuestro gasto en salud por habitante y por año, debemos alcanzar aquellas prestaciones que se aseguran en los países centrales con dos, tres o diez veces más recursos”. En ese escenario, “nuestra condición de país desinteresado en la prevención, infestado de muertes por accidentes, por un lado, y con menos recursos a disposición del sector, para afrontar un modelo inviable y sin adecuado financiamiento, por el otro, todo se hace más difícil”.
A renglón seguido argumenta ácidamente que “nuestro sistema de salud no termina de salir de una crisis permanente, que parece eterna. Su división según fuente de financiamiento frecuentemente superpuesto y lleno de ineficiencias lo lleva a la imposibilidad de ordenar cabalmente objetivos comunes y procesos que aseguren estándares de calidad uniformes. En el interior de este sistema se ahondan las diferencias. La mitad de la población del país se atiende en el subsistema de financiamiento estatal que tiene características especiales. Por lo general es razonablemente bueno para la resolución de las emergencias, progresó significativamente en capítulos como las estrategias relacionadas con la Atención Primaria de la Salud pero muestra su peor cara cuando se trata de atender lo programado o cuando se requiere la más alta tecnología”.
Cuando habla del capital humano comenta que “tampoco escapa a la crisis general y es frecuente encontrar asimetría en los planteles con más médicos de los que se requieren o al menos mal distribuidos, menos enfermeras de las necesarias y ausencia de personal administrativo escasamente entrenado y provisto de tecnologías modernas de gestión. Con estos componentes es razonable que existan problemas de turnos con esperas excesivas y migraciones entre distritos en busca de alguien que dé respuesta a la demanda. Todo ello motivado, en casi igual medida, por la sobrecarga de trabajo de algunos, por la falta de infraestructura adecuada y distribuida en el país y por la ineptitud para calibrar un plan adecuado. Si a esto se suman el desaliento y la actitud de no pocos empleados públicos para quienes no existen modelos de incentivos y castigos, puede considerarse que la respuesta actual del subsistema estatal es más que satisfactoria”, sentencia.
Al hacer un balance de los subsistemas apunta que “el subsector con financiamiento de la seguridad social, ha florecido en los últimos años producto del crecimiento del empleo en general y adicionalmente por la disminución de la proporción de trabajo informal en la economía del país. Estos fenómenos que se instalaron desde la salida de la crisis y hasta el presente, han permitido contar con más fondos a un sector con problemas crónicos de insuficiente financiamiento para la atención de una población con frecuencia vulnerable. De esta forma algunas obras sociales han desarrollado en diverso grado, sus propias estructuras asistenciales en un intento por mostrar a sus beneficiarios y a la sociedad que el dinero recaudado y su destino tantas veces cuestionado, vuelve a los trabajadores y sus familias.
En tanto, para el entrevistado “el subsector de financiamiento privado ha sido el refugio del segmento ABC1 de la población que exige al sistema mayor celeridad en la respuesta, mayor satisfacción con los resultados, acceso sin restricciones a tecnologías modernas y por conseguir todo esto esta dispuesto a pagar lo menos posible. En él se presentan nuevos fenómenos ya observado en otras latitudes. Si bien no llama la atención, se ha instalado un grado de litigiosidad y beligerancia entre la demanda y la oferta de servicios de tal magnitud que es comentario habitual en las reuniones de gente relacionada con la atención de salud. Hoy, muchos de los demandantes de atención se han convertido rápidamente en ‘consumidores informados’ y ahora presionan sobre un sistema de por sí agobiado por el gasto innecesario y los costos derivados de la incorporación irrestricta de tecnologías y de medicina defensiva”.
Antes de concluir añade que “en este contexto y pese a lo antes señalado, resulta interesante subrayar que los tres subsistemas comparten algunos de sus recursos, en especial el componente profesional que por lo común trabaja en dependencias distintas, con diferentes tecnologías, incentivos y compromisos según donde lo haga.
Después de este análisis, el Dr. Stern advierte que “el grado de confusión reinante y la puja sectorial que se desarrolla en el interior de un sistema en franco crecimiento como actividad económica y que pese a ello produce disconformidad y enojo a todos y cada uno de sus componentes. Dicho de otra manera, todos se sienten mal pagados por el esfuerzo que realizan y la rentabilidad económica y social de cualquiera de los componentes es puesta como limitante en forma permanente. Cabe, entonces, preguntarse si el sector salud ha logrado transmitir a la sociedad la importancia que debiera serle de hecho asignada. Es poco lo que se hace o se ha intentado para reordenar el caos actual y mientras los costos de atención de salud dentro de este modelo siguen subiendo, nadie desea pagar cuotas más altas en su cobertura privada, ni tampoco está dispuesto a aportar más a su obra social o pagar más impuestos para sostener el sistema público”, concluye dramáticamente.
Sin dudas, habría que indagar si existe una voluntad política, desde hace más de cuatro años, porqué no se aprueba un sistema de salud que centralice la financiación y asigne equitativamente los recursos. A dicho sistema deberían unirse las provincias y las obras sociales (sindicales y provinciales).
Providencialmente y días antes de la elección presidencial trascendió
periodísticamente que el Frente para la Victoria trabajaba un proyecto, que estaría estudiando la entonces candidata Cristina Fernández de Kirchner (hoy Presidenta) con un equipo de sanitaristas, para el rediseño del sistema de salud. La legislación estima que todas las provincias y municipios se rijan bajo los mismos parámetros sanitarios para ir hacia un sistema de universalización de la salud. Para mejorar la calidad de la atención médica se filtró que el plan crearía un sistema de incentivos que premiaría a los profesionales que obtienen mejores resultados y a los que gastan menos en medicamentos y estudios sofisticados, que en la actualidad se consideran sobreindicados.
No nos cansamos de decir - periodistas, políticos y ciudadanos - que para mejorar la salud de la población, el principal objetivo es la prevención, axioma que parece de difícil aplicación práctica, pero al menos, nos aglutina enfáticamente a todos. Se pondrá, entonces alguna vez en agenda el tema de la fragmentación, el agobio y la irracionalidad del sector salud. Es hora de tomar “al toro por las astas”.
